ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

 


Las antiguas cárceles de la Inquisición, readaptadas para acoger las instalaciones del Archivo Histórico Provincial [Foto José Luis Muñoz]

En lo más alto de Cuenca, junto a las murallas del ya inexistente Castillo y en un veteusto inmueble que sirvió para alojar las cárceles de la Inquisición, se encuentra ubicado ahora el Archivo Histórico Provincial.

Un decreto del año 1931 establecía con carácter general para todo el país: “Los protocolos seculares de los distritos que no sean capital de colegio notarial formarán el fondo inicial de los Archivos Históricos Provinciales, que se crearán en todas las capitales de provincia”. Se trataba de reunir en uno solo la ingente cantidad de documentos acumulados desde el siglo XVI por todos los notarios distribuidos en los territorios provinciales facilitando así no solo la conservación en adecuadas condiciones sino también la consulta por los investigadores. A ese fondo inicial se fueron añadiendo posteriormente todos los documentos generados por la administración del Estado en cada provincia y, desde 1982, la generada por la administración autonómica

La iniciativa de constituir archivos históricos provinciales corresponde al gobierno de la República, pero no se ejecutó de inmediato. El de Cuenca, teóricamente creado por Orden del ministerio de Educación de 18-12-1948 estaba situado hasta ese momento en la Casa del Corregidor, en una situación ciertamente penosa por no decir absolutamente lamentable, teniendo en cuenta la delicadeza de los documentos que forman sus fondos, que requieren un permanente cuidado para evitar el deterioro producido por humedades, polillas, polvo y otros elementos destructivos. Ese cuidado no se tuvo hasta la fecha indicada. Quienes conocieron aquella época han contado, con verdadero espanto, cómo los legajos estaban amontonados en los calabozos, ciertamente lóbregos, de los antiguos Juzgados, mientras los protocolos notariales eran pasto apetecido para la comida de las ratas. A ello se dio provisional acomodo mediante el traslado de los documentos a un edificio cedido por el Ayuntamiento en la calle del Obispo Valero (la Casa Curato de San Martín) donde, sin alcanzar una situación óptima, al menos pudieron entrar en un estado de discreta conservación, en unas salas que, al menos, disponían de ventilación.

Las cosas empezaron a cambiar cuando se produjo la ya mencionada Orden ministerial de 1948, haciendo efectiva la anterior disposición y disponiendo, de manera provisional, que los fondos serían custodiados por el responsable de la Biblioteca Pública, en tanto se adoptaban medidas posteriores para establecer una organización propia. De esa manera, Fidel Cardete Martínez se hizo cargo de esos fondos documentales, aunque sin disponer aún de un espacio físico determinado, cosa que finalmente ocurrió cuando se construyó la Casa de Cultura y en ella también quedó instalado en 1965 el Archivo Histórico Provincial.             La situación mejoró notablemente, pues la conservación pudo ya hacerse en condiciones correctas.

Era, nuevamente, una solución provisional puesto que se necesitaba un edificio propio e independiente y no sólo por la propia naturaleza de la institución sino porque se estaba produciendo ya un hecho que hasta ese momento no había sido especialmente grave: el incontenible aumento de la cantidad de expedientes generados por todos los organismos de la Administración que pronto hicieron insuficiente el local con la consecuencia natural de plantearse la necesidad de dar solución definitiva al problema. La progresiva llegada de documentos, sobre todo a partir del Decreto 914/1969 de 8 de mayo, que ordenaba la entrega de los fondos documentales de la Administración del Estado, puso de manifiesto la insuficiencia del edificio, por lo que se gestionó la habilitación de otro, siendo elegido el que ocupó históricamente la Inquisición, en las inmediaciones del castillo.

Finalmente, se señaló como objetivo el ruinoso inmueble situado junto a las murallas del Castillo, que había servido de cárceles para la Inquisición y, desde el siglo XIX, de prisión provincial. En 1985 comenzó la rehabilitación de este inmueble y en mayo de 1991 quedó instalado el Archivo en su nueva ubicación, tras las necesarias obras de restauración y adaptación del inmueble.

El Archivo Histórico Provincial es de titularidad estatal, aunque se encuentra gestionado por la Junta de Comunidades en virtud del traspaso de competencias que quedó fijado en un convenio firmado el 24 de septiembre de 1984 (BOE 19-01-1985).

Sus fondos están formados fundamentalmente por la documentación procedente de las Administraciones públicas estatal y autonómica y protocolos notariales. Comprende documentos desde el siglo XIII (el más antiguo lleva la fecha de 1218) hasta la actualidad. Entre sus fondos hay sectores de enorme importancia, como el referido al proceso de desamortización del siglo XIX y que procede de los archivos de la delegación de Hacienda, donde a partir de 1889 fueron ordenados por el titular de ese servicio, Rogelio Sanchiz Catalán. Entre otras joyas, el Archivo conserva una colección de 200 pergaminos que incluyen páginas de cantorales miniados, páginas de notación musical, bulas pontificias, planos de edificios antiguos, etc.

Recoge los fondos de los Archivos de Protocolos de los partidos de Belmonte, Cuenca, Motilla y San Clemente, importantes para seguir la evolución de la vida administrativa y las relaciones personales entre los ciudadanos, a partir del año 1503. A ellos se añaden los fondos documentales del archivo de Hacienda, en especial lo referido a la desamortización del siglo XIX, así como los documentos de la Audiencia Provincial, desde fines del siglo XIX y otros procedentes de diversos departamentos administrativos, aunque no todos cumplen con rigor y puntualidad la obligación de remitir sus documentos a este centro.