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Parcela destinada a acoger las obras del ATC [Foto cedida] |
En el año 2007, el gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) decidió acometer una solución eficaz al problema de los residuos radiactivos generados por todas las centrales nucleares españolas y para ello concibió la idea de dar forma a un Almacén Temporal Centralizado, ubicado en un lugar idóneo del territorio español y en el que pudieran quedar depositados todos esos residuos. Pero el gobierno, siempre indeciso entre las opciones barajadas por los técnicos y las campañas demagógicas alimentadas por grupos ecologistas contrarios a la energía nuclear, se mostró incapaz de tomar una decisión razonable. En su lugar, finalmente acuciado por las circunstancias y la necesidad, decidió emprender una especie de concurso público para que quienes quisieran optaran a recibir el regalo del ATC.
El 27 de enero del año 2010 el
Ayuntamiento de Villar de Cañas, controlado por el PP, presentó su candidatura
para albergar el almacén temporal centralizado de residuos sólidos (ATC)
atendiendo así la convocatoria formulada desde el gobierno central. La iniciativa
promovió una enorme polvareda política, al recibir la oposición abierta del
gobierno regional y de otros ayuntamientos próximos de la zona, dirigidos por
el PSOE. Como reacción a estas iniciativas, varias asociaciones vecinales
promovieron una plataforma en apoyo de la iniciativa municipal.
Junto con el de Villar de Cañas, otros municipios españoles presentaron igualmente sus candidaturas. La operación de deshojar la margarita culminó el 30 de diciembre de 2011, fecha en que el primer Consejo de Ministros presidido por Mariano Rajoy (PP) eligió la opción de Villar de Cañas. Los terrenos propuestos por el Ayuntamiento de la localidad eran de tipo rústico o uso agrario y no estaban amparados por ningún tipo de protección ambiental, ni era un espacio utilizado por especies en peligro de extinción, ni en sus proximidades hay ningún tipo de paraje natural protegido.
Las reacciones fueron inmediatas en ambos sentidos. En las contrarias al ATC se alinearon organizaciones sociales, políticas o sindicatos de orientación izquierdista, junto con grupos ecologistas, creándose una plataforma que contó de inmediato con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.. En el sector opuesto se formó una Plataforma ciudadana a favor del proyecto, que aglutinaba diferentes significaciones políticas, sociales y económicas de la zona y de la región, amparadas por el PP, para las que era un hecho determinante la seguridad de que el ATC promovería riqueza, trabajo y un aumento de población en la zona, ya que se preveía una inversión de entre 700 y 900 millones de euros.
En noviembre de 2022 el Gobierno de España descartó la idea de construir un almacén temporal centralizado.